EL interés legítimo en el juicio de amparo tras la reforma a la ley de amparo de 2025
Legitimate interest in amparo proceedings after the reform of the amparo act of 2025
DOI:
https://doi.org/10.19136/es.v14n42.6715Palabras clave:
Interés legítimo, juicio de amparo, acceso a la justicia, derecho humanos, control constitucionalResumen
Este artículo analiza el interés legítimo en el juicio de amparo mexicano a partir de la reforma a la Ley de Amparo publicada el 16 de octubre de 2025. Su objetivo es examinar los cambios en los requisitos para acreditar esta figura y valorar sus posibles efectos en el acceso a la justicia constitucional y en la protección de los derechos humanos y colectivos.
La investigación adopta un enfoque jurídico-normativo y un método analítico-interpretativo. Se realizó una revisión documental de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo, criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fuentes doctrinales sobre el interés legítimo. También se compararon los criterios aplicables antes y después de la reforma para identificar cambios en las condiciones de procedencia del juicio.
Los resultados muestran que la reforma exige mayor precisión para acreditar el interés legítimo: debe demostrarse una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada, así como la posibilidad de obtener un beneficio cierto mediante la anulación del acto reclamado. Estas exigencias pueden dificultar la acreditación de la legitimación en determinados casos. Sin embargo, los criterios jurisdiccionales examinados muestran que el interés legítimo continúa siendo una vía de acceso al amparo, incluso en asuntos relacionados con derechos colectivos, siempre que exista una relación jurídicamente relevante con el acto reclamado.
Se concluye que los nuevos requisitos pueden hacer más exigente el acceso al juicio de amparo, pero no implican por sí solos una restricción absoluta de la justicia constitucional. Su alcance dependerá de la interpretación y aplicación que realicen los tribunales, especialmente en asuntos colectivos. El reto consiste en equilibrar la precisión de los requisitos legales con la garantía de un acceso efectivo a la justicia y a la protección de los derechos humanos.
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